El INABIMA juramenta su Comité de Ética Pública

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    El director ejecutivo general del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) juramentó el Comité de Ética Pública que tendrá la responsabilidad de coordinar el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la ética y la integridad en la institución.

    Yuri Rodríguez Santos destacó la importancia del Comité de Ética y   exhortó a sus miembros a actuar con responsabilidad y a colaborar para que los procesos sean cada día más transparentes.

    “Para mí esto tiene una singular importancia, porque venimos involucrados con estos temas de hace ya algunos años y que esta institución lleve a cabo un proceso de esta naturaleza, sin lugar a dudas nos llena de regocijo”, expresó Rodríguez Santos.

    El funcionario destacó la calidad de los servicios que deben ofrecer los servidores del INABIMA a los maestros, con un trato cálido y sobre todo un servicio eficiente, para mejorar su calidad de vida de los docentes.

    Fueron juramentados Angela Ramírez, Franklin Lantigua, Gina de León, María Santos,  Alexander Berroa y Henry Núñez, este último fue designado de acuerdo al decreto 143-17. Como suplentes fueron electos Porfirio García, Carrol Báez y Leidy Báez. Sahira Peralta será juramentada más adelante.

    Acompañaron al director ejecutivo, la subdirectora Marina Espinal, Ronny Pérez en representación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los miembros de la Comisión Electoral Rafael Antonio Gómez, quien la presidió; Henry Núñez como secretario y  Elvin Alejandro Montero fungió como vocal. Participaron además los directores de los diversos departamentos del INABIMA.

    Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Henry Núñez encargado de la Oficina de Acceso a la Información, seguido de Rafael Antonio Gómez quien presidió la Comisión Electoral y Ronni Pérez representante de la DIGEIG.

    Con esta elección se da cumplimiento al decreto 143-17,  emitido por el presidente Danilo Medina, que instruye a los directivos titulares de las instituciones públicas del Gobierno central a crear y a mantener vigente una comisión de ética pública en la sede de la institución bajo su dirección.

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